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Sin embargo, detrás de esta enorme oferta de trabajadores existen también estructuras políticas, económicas y sociales que han permitido mantener los salarios en ciertos sectores de la economía a niveles extremadamente bajos.
1949. Después del triunfo de la revolución comunista, las poblaciones desplazadas tras casi dos décadas de invasión y guerra civil regresan a sus lugares de origen o entran en las ciudades buscando empleo. Debido al gran número de personas que buscaban establecerse en las ciudades, el nuevo gobierno se da cuenta de la necesidad de restringir el acceso a las zonas urbanas, en donde debe de sostener al nuevo proletariado.
Después de 1952 la libertad de movimiento establecida dentro de la nueva Constitución no volvería a ser mencionada en documento oficial alguno. Por el contrario, todo tipo de movimiento interno -especialmente aquel del campo a las ciudades- sería estrictamente controlado. A través de tarjetas de registro (urbanas y rurales) y gracias al monopolio del gobierno sobre la distribución de todo tipo de productos, servicios, empleo y vivienda, la gente rara vez cambiaba de domicilio.
Las ciudades se convirtieron en directos beneficiarios de la revolución y sus habitantes gozaron de empleo vitalicio, de asistencia médica y educación gratuita, y de una serie de subsidios que incluían vivienda, alimentos, transporte público, etc. Esta imagen pareciera idílica, pero la realidad urbana era una de viviendas pequeñas, alimentos racionados y pocos productos en las tiendas. A pesar de lo gris y muchas veces monótono de la vida en las ciudades, la población rural vivía bajo situaciones mucho más difíciles. Los subsidios nunca llegaron al campo, la educación era limitada y los campesinos estaban atados a las comunas, las cuales no ofrecían ningún tipo de servicio médico gratuito, sino una ayuda de último recurso para un servicio funerario.
1985. La incipiente industria maquiladora comienza a demandar un creciente número de trabajadores. Miles -y más tarde millones- de campesinos comienzan a migrar del campo a las ciudades atraídos por el recién formado mercado de trabajo. La importancia de esa mano de obra para la industria maquiladora de exportación obligaría al gobierno a relajar el movimiento de personas. En los siguientes diez años, más de cien millones de personas - la población total de México- se encontrarían trabajando fuera de su lugar de origen.
La recién ganada libertad de movimiento, sin embargo, no terminó con la diferenciación del campo y la ciudad. La tarjeta de registro seguiría funcionando como un pasaporte interno, en donde la población rural sólo puede obtener permisos temporales para trabajar en las zonas urbanas. Los trabajadores del campo se encuentrarían en una situación similar a la de aquellos mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Sólo aquéllos con permisos oficiales pueden trabajar legal y sólo temporalmente en la ciudad. Aquellos sin papeles son tratados como ilegales; vulnerables a ser deportados en cualquier momento a su lugar de origen.
Los permisos, como las visas, cuestan dinero y no cualquiera es elegible a recibirlos. Además, dichos permisos para residir y trabajar en la ciudad no incluyen ningún tipo de acceso a los servicios públicos de los que goza la población local. Esto significa que los patrones no tienen obligación de ofrecer seguro médico o pensión a los trabajadores foráneos. Los emigrantes del campo tampoco tienen acceso a educación gratuita, viviendas subsidiadas, ni a ningún tipo de servicio social. La situación favorece la explotación de dichos trabajadores, los cuales no cuentan con ningún canal oficial para hacer reclamos a los gobiernos locales.
Debido a aquella separación artificial del campo y las ciudades durante el periodo maoista, el campo se mantuvo en el atraso. El ingreso rural es todavía mucho menor al de aquel de los emigrantes (y por supuesto mucho menor al de las ciudades), razón por la cual millones deciden probar su suerte en las ciudades soportando las peores condiciones de trabajo a fin de ahorrar una cantidad razonable y regresar al campo.
Los emigrantes trabajan en las ciudades un promedio de entre dos y seis años, regresando a su lugar de origen al menos una vez al año. La diferencia de ingresos mantiene el flujo constante de campesinos, para un mercado laboral secundario de aquellos trabajos que la población local no está dispuesta a realizar.
El número de emigrantes en las grandes ciudades constituye en promedio entre una quinta o cuarta parte de su población. En 1994 estos trabajadores constituían ya un cuarto de la población de Beijing, 38 por ciento de la población de Hangzhou y 13 por ciento de la población de Tianjin. Los emigrantes no sólo han cubierto el sector manufacturero, sino que también conforman gran parte del sector servicios y del sector informal.
Meseras, vendedores de frutas y verduras, trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, restauranteros, taxistas, recogedores de basura, etc. son en su mayoría foráneos. Muchas meseras duermen en el piso o en sillas dentro del restaurant donde laboran, los vendedores duermen en sus locales, los trabajadores de la construcción viven junto a la obra que están construyendo, otros rentan cuartos en las afueras de la ciudad, mientras que otros construyen sus viviendas con láminas, madera o lonas.
Mientras que el sistema de registro siga en pie -negando una completa ciudadanía a los trabajadores que provienen del campo- la mano de obra podrá mantenerse artificialmente barata. Sin embargo, las presiones internas y externas para desmantelar dicho sistema no pueden ser ignoradas por el gobierno. Si bien la vulnerabilidad de los emigrantes en las ciudades no les ha permitido organizarse de manera efectiva para defender sus derechos, estos más de cien millones de trabajadores pueden convertirse en una fuerza antigubernamental no despreciable.
A su vez, las nuevas reglas sobre derechos laborales contenidas en la OMC ejercerán también presión sobre el trato a trabajadores. El gobierno ha establecido que el sistema de registro y la diferenciación rural y urbana serán desmantelados en los próximos cinco años. La situación actual sólo apunta a una relajación parcial para la minoría con la capacidad económica para comprar la 'ciudadanía' local. La problemática sigue latente y el gobierno no la podrá ignorarla por mucho tiempo.
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Ilegales en su propio país
